El Gobierno de España declara Emergencia Climática


El cambio climático es un hecho: la década de 2010 fue la más cálida de la historia y el año 2019 fue el más caluroso de Europa y el segundo más cálido a nivel mundial desde que se tienen registros. Y los efectos de este fenómeno se notan especialmente en España. Si el planeta ha visto subir su temperatura global en 1,1ºC desde el período preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial, en España la temperatura ha subido 1,7ºC, según informó la Agencia Española de Meteorología en diciembre. La denominación de emergencia señala tanto la magnitud del problema como la urgencia de una solución antes de que los daños sean irreversibles. Se fija como objetivo y “único camino posible¨ alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El Ejecutivo declara la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Se compromete a ejecutar las 30 líneas de acción prioritarias y 5 de ellas en los primeros 100 días de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:

  1. Ley de Cambio climático y Transición Energética. Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050.
  2. Descarbonización. Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
  3. Plan Nacional de adaptación. Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático.
  4. Asamblea ciudadana del Cambio Climático. Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.
  5. Transformación productiva: Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.